El Tribunal Constitucional ha emitido la Sentencia 134/2017 que anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. De esta forma, el Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal, a pesar de la sentencia ha distado de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012. Además pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.
Frente a este escenario, las organizaciones firmantes así como SESPAS redoblarán sus esfuerzos ante las instancias pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, recordamos que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre de 2017 un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca.
Comunicado_STC 134-2017Last modified: 14 de diciembre de 2017
