El pasado 5 de febrero el Ministerio de Sanidad anunciaba un nuevo Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos, a través del compromiso voluntario de más de 500 empresas del sector de la producción y distribución de alimentación. SESPAS acaba de trasladar su opinión sobre este acuerdo firmado entre la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y el sector privado (“Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017 -2020”) en varios medios de comunicación:
Diario El Mundo: http://www.elmundo.es/papel/gastro/2018/02/14/5a82f40422601d79348b4672.html
Diario Médico: http://www.diariomedico.com/2018/02/12/area-profesional/sanidad/la-comida-adelgaza
La opinión de SESPAS se ha fundamentado en los siguientes puntos:
- La Administración Pública tiene la obligación de cumplir las leyes, por ello como acción previa a cualquier interacción con las empresas privadas es preciso que se cumpla la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición y más en concreto su artículo 40 sobre medidas especiales dirigidas al ámbito escolar. Adicionalmente, debe cumplirse la Ley General de Salud Pública.
- Cuando se establecen acuerdos con industrias es oportuno que el Ministerio atienda a las pruebas científicas disponibles. Hay suficientes pruebas de que los acuerdos con industrias que producen productos dañinos a la salud no se cumplen y que suelen usarse como acción de marketing y como estrategia para evitar la regulación. Ello no es óbice para poder entablar algún tipo de conversación a fin de que las industrias avancen voluntariamente en la senda saludable. Si bien, dados los antecedentes de incumplimientos de acuerdos previos sobre nutrición (por ejemplo incumplimiento del Código PAOS de corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud o los de consumo de alcohol en menores), y comprobado el escaso seguimiento hecho por el propio Ministerio de esos acuerdos, hay que ser escéptico sobre los resultados de la presente colaboración y exigir al Gobierno que cumpla las leyes y que desarrolle nuevas regulaciones efectivas incluidas las tasas si lo que de verdad desea es proteger la salud de la población.