Fuentes periodísticas señalan que la falta de apoyo del Partit Socialista del País Valencià, alineado en este punto con las posiciones de la patronal de la alimentación, ha llevado a Unides Podem i Compromís a retirar la propuesta de instaurar la “tasa del azúcar” durante la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda celebrada en Les Corts en la que se votaban las enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2020. La industria alimentaria, que ya consiguió retrasar varios años la implantación del impuesto en Cataluña, lejos de cejar en su empeño, mantiene su presión con la interposición de recursos ante los tribunales para tumbar una medida con beneficios para la salud y que cuenta con un amplio apoyo entre los científicos, los profesionales de la salud y la ciudadanía.
Justicia Alimentaria, SESPAS, CECU, Medicus Mundi, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, integrantes de la Alianza por una Alimentación Saludable, lamentan esta decisión, que pasa por alto la existencia de un informe de la Consellería de Sanidad del Gobierno Valenciano avalando el impuesto, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y reclaman que se reconsidere su instauración. Esta noticia llega además cuando varios equipos de investigación, con participación de miembros de SESPAS, están publicando los primeros estudios que muestran que el impuesto catalán es eficaz para reducir el consumo de bebidas azucaradas, y apuntan la necesidad de mantenerlo y potenciarlo, para que el incremento de precio se sitúe al menos en el 20% recomendado por la OMS, lo que redundaría en un impacto mayor de la medida. Miguel Ángel Royo Bordonada, de SESPAS, señala que de acuerdo con los resultados de uno de esos estudios, publicado en la revista científica BMC Public Health, el conocimiento de la existencia del impuesto por la población catalana ha jugado un papel muy relevante en el éxito del mismo, ya que después del aumento del precio, la principal razón para reducir el consumo de bebidas azucaradas, citada por un tercio de los encuestados, fue una mayor conciencia del efecto pernicioso de las bebidas azucaradas sobre la salud. Por tanto, el impuesto, además de su impacto directo por el aumento del precio, ejerce una labor simbólica y educativa.
Con la marcha atrás de este impuesto se ha perdido una oportunidad de desincentivar el consumo de productos insanos mediante su encarecimiento, al tiempo que se educa a la población señalando, con la vía del impuesto, estos productos como perjudiciales para la salud. Además, estas medidas implicarían una reducción de costes sanitarios a largo plazo, ya que la ingesta continuada de este tipo de bebidas causa problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, ha declarado que “solo se explica la retirada de este impuesto, que ha funcionado en otros territorios, por una sumisión política a los intereses empresariales haciendo caso omiso del consenso científico, médico y social a favor de estos impuestos con beneficios para la salud, y esto es lamentable porque se trata de una batalla perdida para la defensa de la salud pública”. Cabe destacar que, en la Comunitat Valenciana, uno de cada tres niños padece sobrepeso u obesidad, según el Instituto Nacional de Estadística y, desde 2012, el porcentaje de población valenciana de entre 2 y 17 años por encima de un peso saludable ha aumentado más de tres puntos.
La Organización Mundial de la Salud lleva años pidiendo a los Gobiernos la aplicación de medidas fiscales correctoras para luchar contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas. En España, el 2% del presupuesto del Sistema Nacional de Salud (2000 millones de euros) se dedica a sufragar el sobrecoste directo del tratamiento del exceso de peso. A ello hay que sumar los costes por incapacidad laboral y la menor productividad en el trabajo, que se estiman en otros 2000 millones de euros.
Las organizaciones integrantes de la Alianza por una Alimentación Saludable llevan años reclamando un impuesto a las bebidas azucaradas, con campañas como la llevada a cabo en 2014 (25 Gramos), por el control de la venta y publicidad del azúcar. Desde entonces, muchas otras organizaciones del ámbito de la salud, como la Sociedad Española de Epidemiología y el Comité Español Interdisciplinario de Prevención Cardiovascular, se han sumado también a este llamamiento. Recordemos finalmente que SESPAS reclamó con una nota de prensa el pasado 15 de julio la aplicación del impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña y el resto de comunidades autónomas de España, insistiendo en la necesidad de no dar ni un paso atrás en la lucha contra la obesidad.
Last modified: 10 de octubre de 2023