Los datos del último Estudio ALADINO muestran que el 40,6 % de los niños y niñas de 6 a 9 años padecen exceso de peso en el Estado español: el 23,3 %, sobrepeso; el 17,3 %, obesidad y el 4,2 %, obesidad grave. Una condición que afecta mayoritariamente a población socioeconómicamente vulnerable y que disminuye la esperanza de vida en 10 años, lo cual condena a estos y estas menores a vivir menos años que la generación de sus padres y madres por primera vez en la historia. Tras conocer estos datos y tras haber realizado ya otras demandas sin respuesta, la Alianza por la Alimentación Saludable -en la que participa la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria- junto a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), ha enviado una carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón y al ministro de Sanidad, Salvador Illa para pedir la protección de la población infantil frente a la publicidad de alimentos y bebidas insanos con una norma con rango de ley.
Según se destaca en la carta, el derecho a la protección de la salud de la población infantil ha de prevalecer sobre los intereses de algunas industrias alimentarias y de la publicidad, porque el interés superior de los niños y niñas ha de ser el principio inspirador de las actuaciones públicas. La producción y distribución masiva de alimentos procesados altos en calorías y pobres en nutrientes, junto con la publicidad intensiva de los mismos, son los principales determinantes de esta epidemia de obesidad, cuyo impacto económico por los costes de su tratamiento, la incapacidad laboral asociada y la menor productividad en el trabajo se estiman en 4000 millones de euros anuales en el Estado español. También se pone de relieve en la misiva que, a los efectos ya conocidos de la obesidad, como factor de riesgo de las principales enfermedades no transmisibles, se añaden ahora los relacionados con el nuevo coronavirus: una persona con obesidad tiene el doble de probabilidades de ser hospitalizada, un 74 % más de riesgo de acabar en la UCI y un incremento del 48 % de la mortalidad por COVID-19.
Y es que las cifras de obesidad, y en particular de la obesidad infantil, apenas han variado en los últimos 15 años, desde la implantación de la estrategia NAOS y el código PAOS de autorregulación de la publicidad alimentaria dirigida a niños y niñas para hacer frente a este problema. Ha transcurrido el tiempo necesario para constatar que estas medidas son insuficientes y contraproducentes para revertir este grave problema de salud pública. El código PAOS no ha servido en su objetivo: evitar la exposición del público infantil a mensajes publicitarios de productos con un perfil nutricional insano y, con ello, respetar su derecho a la protección de la salud. Muy al contrario, el código PAOS ha servido de excusa para demorar la adopción de medidas eficaces como sería la elaboración de una regulación de rango legal más eficaz, como la propuesta por la Alianza por una Alimentación Saludable, que salvaguarde el derecho de la población infantil a la protección de su salud.
Finalmente, animamos a la ciudadanía a firmar la petición en: https://defiendeme.org/unirme-
Last modified: 17 de noviembre de 2020