Desde el Grupo de Trabajo Inequidades en Salud – Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), con el apoyo de SESPAS, se acaba de emitir un comunicado con el que queremos manifestar nuestra preocupación por los cortes de suministro eléctrico y la pobreza energética que afecta a personas, familias y comunidades distribuidas por toda la geografía nacional así como sus efectos negativos en la salud de la población.
La Organización Mundial de la Salud considera el suministro eléctrico como “un requisito previo para la buena salud” y la pobreza energética como “un problema social y de salud pública ampliamente ignorado por la comunidad internacional”. La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar para asegurar el nivel social y material adecuado de energía debido a la interrelación entre los altos precios de la energía, la falta de eficiencia energética de hogares y electrodomésticos, los bajos ingresos en el hogar y las necesidades energéticas del mismo. Estos aspectos se insertan a su vez en determinantes estructurales de legislación en materia laboral, económica, de vivienda y energía, así como en el grado de protección de los Estados ante la pobreza energética; España destaca como un país con alto grado de vulnerabilidad estructural a la pobreza energética, lo que se asocia a tasas más altas de pobreza energética, peor estado de salud percibido, peor estado de bienestar y mayor riesgo de depresión entre la población afectada.
Como ha sido reconocido por el propio Ministerio de Sanidad: “La actual crisis sanitaria originada a raíz de la pandemia de COVID-19 ha traído como consecuencia un incremento exponencial del número de familias en condiciones de vulnerabilidad en todo el Estado español […]. Como sociedad, hemos sido más conscientes que nunca de la necesidad de tener garantizado el derecho humano a un nivel de vida digno, que implica reconocer, entre otros, los derechos humanos a la salud, a la vivienda y al agua potable y al saneamiento, así como de la disponibilidad de suministros básicos de luz y gas”.
Además, la reciente subida de la luz, que afecta al mercado regulado y por tanto a aquellas personas receptoras del bono social, supone un empeoramiento añadido a un problema ya existente. Cabe destacar que los hogares españoles han sufrido la mayor subida de la luz de toda la Unión Europea (UE) en la última década: un 66,8% entre 2008 y 2018, un valor 38 puntos superior a la media de la UE, donde la subida fue del 28,2%. Los últimos datos del informe AROPE muestran que un 26.7% de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social y 6.8 millones de personas en nuestro país presentan temperaturas inadecuadas en la vivienda, retraso en el pago de recibos o ambos, porcentaje que se eleva en hombres y mujeres mayores de 65 años que viven solas, hogares monomarentales, menores y personas migrantes, que conformarían los principales grupos de riesgo.
A riesgo de fragmentar las diferentes “pobrezas”, entendemos que la dificultad en el acceso a la luz responde a situaciones de vulnerabilidad estructural individuales y colectivas. La falta de suministro eléctrico afecta a todas las esferas de la vida cotidiana del barrio y quienes lo habitan: iluminar las calles, ducharse, cocinar, disponer de alimentos refrigerados en comercios y hogares, dar clase en los colegios, caldear las viviendas y centros públicos, utilizar el ascensor o leer un libro. También se relaciona con un aumento de muertes en invierno; mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, resfriados, gripe y empeoramiento de enfermedades reumatológicas; mayor incidencia de asma, bajo peso al nacer e ingresos hospitalarios en la infancia, así como un aumento de los problemas de salud mental en la adolescencia, absentismo escolar y accidentes por falta de iluminación y medidas alternativas empleadas para calentar el hogar. Recientes estudios realizados en nuestro país confirman la relación entre mala salud y pobreza energética. El empeoramiento del estado de salud es aún más evidente en aquellas personas electro dependientes y/o con patologías previas.
Son muchos los derechos que se vulneran por los continuos cortes de luz; a la igualdad, a la educación, a la salud, a la autonomía del paciente y a la vida son solo algunos de ellos. En algunos lugares se han emitido alertas sanitarias ante la situación de emergencia para la población atendida y se han elaborado informes clínicos individuales acreditando el riesgo para la salud. Sin embargo, es el momento de abordar este problema de salud pública y derechos humanos desde lo colectivo; buscar la equidad como un camino hacia la justicia social y la salud del conjunto de la sociedad. Atendiendo a lo previamente descrito, la falta de suministro eléctrico en los hogares de nuestra población supone un grave riesgo para su salud. Por ello, instamos a las Administraciones Públicas a tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental que incluya la producción sostenible, el consumo por un precio asequible y el suministro energético ininterrumpido.
Last modified: 12 de marzo de 2021
