El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Con motivo del Anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad se ha abierto el plazo para el envío de aportaciones que finalizará el próximo 19 de noviembre. Este nuevo proyecto normativo incluye los siguientes objetivos a alcanzar:
1) Hacer preceptiva la evaluación del impacto en salud en la elaboración de las iniciativas normativas reguladas por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, disponiendo en las Memorias del análisis de Impacto Normativo de un apartado relativo al impacto en la salud de la población. Esta evaluación preceptiva es determinante para la implantación efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas. La legislación sanitaria española ya recogía este enfoque en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, a través de su artículo 35.
2) Evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, eliminando la relación de financiación con el tipo de cartera que introdujo el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que no puedan establecerse copagos sanitarios nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas.
3) Garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida. Con relación a la modificación introducida por el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, respecto al acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se pretende, tras la experiencia acumulada en la aplicación de la norma citada, realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud.
4) Fortalecer la cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud facilitando la viabilidad de desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Asistencial. Se pretende modificar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de mayo, para poder abordar esta cuestión en el desarrollo reglamentario preceptivo, de forma coordinada con las comunidades autónomas para alcanzar un consenso en esta cuestión.