Tras la primera ola de la pandemia de la COVID-19, a mediados de junio de 2020, conseguimos reducir la incidencia acumulada (IA) en 14 días por debajo de 10 casos por 100.000 habitantes. En la segunda ola, apenas bajamos de los 200 casos por 100.000 habitantes en los primeros días de diciembre de 2020. Desde el pasado 10 de diciembre, la transmisión ha ido subiendo de forma ininterrumpida en forma de tercera ola hasta casi triplicarse esa cifra, con una tendencia que sigue al alza (número de reproducción instantáneo de 1,19). Además, hay que tener en cuenta la presunción de la circulación de la cepa británica, que puede aumentar considerablemente la transmisibilidad del coronavirus. A diferencia de lo que ocurría en el pasado otoño, este incremento se está produciendo de manera bastante uniforme en el conjunto del Estado.
Además, la presión asistencial, en atención primaria y hospitalaria, sigue aumentando de forma muy preocupante. Cada vez son más los centros sanitarios que están suspendiendo las intervenciones quirúrgicas programadas para los próximos días. No se puede permitir llegar a niveles que dificulten la correcta atención a los pacientes de COVID-19 e impidan la respuesta necesaria para el tratamiento de otras patologías o la atención a la salud de la comunidad. Y es que, al final de esta cadena, las muertes debidas a la COVID-19, y las muertes indirectas por falta de atención adecuada a otras patologías, aumentan de forma proporcional al aumento de la incidencia.
Por todo lo anterior, y de forma específica a lo que estamos viviendo en esta tercera ola de la pandemia en España, SESPAS ha elaborado este nuevo posicionamiento en el que señala la urgencia en reforzar todas aquellas estrategias que disminuyan drásticamente la interacción social reduciendo así el número de contagios por SARS-CoV-2 que ahora se están detectando. El posicionamiento se centra en siete aspectos concretos:
- Que se adopte una estrategia urgente por las autoridades sanitarias autonómicas y gobierno estatal para bajar la incidencia lo más rápidamente posible.
- Es imprescindible la coordinación entre las administraciones, y el uso de los indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo acordados.
- Es preciso adoptar medidas eficaces para disminuir drásticamente la interacción social en los ámbitos públicos. En los ámbitos privados, entre convivientes, hay que insistir en la necesaria toma de conciencia de la población.
- Es preciso que el proceso de vacunación se realice de manera rápida, alcanzado a los grupos vulnerables cuanto antes y respetando el orden de priorización establecido.
- Hay que reforzar la vigilancia de la salud pública.
- No podemos olvidarnos de que en muchos territorios de España no se han tomado las medidas estructurales necesarias para prevenir y contener olas sucesivas.
- Cualquier medida de limitación de la interacción social debe considerar las desigualdades sociales y la precariedad laboral como potentes vectores de la transmisión de la COVID-19 e ir acompañada de un apoyo sociolaboral eficaz a los grupos con mayores dificultades para cumplir las medidas de salud pública.