Las personas migrantes en situación irregular y las personas solicitantes de protección internacional (por razones políticas, raciales, religiosas o de orientación sexual) tienen reconocido y garantizado en España el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que las personas con nacionalidad española. Las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico o local, tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho a la asistencia sanitaria de la manera más diligente posible, facilitando el cumplimiento de los requisitos básicos para acceder a la tarjeta sanitaria; sin que se produzcan dilaciones indebidas en el tiempo que atrasen el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de todas las condiciones de salud, en especial de aquellas que puedan tener una mayor repercusión en la salud pública por ser enfermedades infecciosas que pueden transmitirse a terceras personas.
Entre estas enfermedades, que son de declaración obligatoria por su impacto en la salud de la sociedad se encuentran: la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual (ITS), y otras enfermedades infecto-transmisibles. En todas ellas el diagnóstico y el tratamiento temprano son imprescindibles para la salud del individuo y de la comunidad. Es especialmente delicada la situación en que se encuentran aquellas personas que están infectadas por el VIH o que están en riesgo de infectarse. Las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento profiláctico (la PrEP) o terapéutico (los antirretrovirales) impiden la consecución de unos objetivos clínicos, epidemiológicos, de economía de la salud y de salud pública que redundarán en beneficio no sólo de la persona atendida sino de toda la sociedad.
A pesar de lo anterior y de la evidencia científica disponible, las dificultades y demoras en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria está impidiendo o retrasando el acceso a test diagnósticos, tratamientos o medidas preventivas. En consecuencia, SESPAS y del resto de organizaciones firmantes han elaborado un comunicado conjunto en el que se solicita a las distintas Administraciones públicas afectadas que faciliten a las personas migrantes en situaciones irregular y a las personas solicitantes de protección internacional con enfermedades infecto-transmisibles el acceso a la asistencia sanitaria, reduciendo los requisitos burocráticos, agilizando la tramitación de las solicitudes y admitiendo diferentes documentos para probar la residencia efectiva en una determinada comunidad autónoma.
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