La actual pandemia COVID-19 ha puesto en evidencia diversas debilidades del Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellas, las relacionadas con la arbitrariedad en la toma de decisiones sobre la provisión y financiación de diferentes medicamentos, pruebas diagnósticas, programas o intervenciones sanitarias, sobre la creación de algunas infraestructuras sanitarias y sobre el establecimiento de prioridades en políticas de salud de amplio espectro. Nada de esto es nuevo. Todos los sistemas de salud enfrentan la necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud. La evaluación de la relación coste-efectividad de tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias debería estar en la base de su incorporación a la cartera de prestaciones y servicios del SNS, así como del precio que el SNS habría de pagar por tales prestaciones y servicios.
Desde hace años, países de nuestro entorno europeo y otros que son de referencia por sus sistemas sanitarios (Reino Unido, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, etc.) han creado agencias para desarrollar estas tareas e informar la toma de decisiones de sus sistemas sanitarios sobre tipo y cobertura de prestaciones, grupos de personas en los que estarían indicadas y precios. El prototipo más conocido de estas agencias es, sin duda, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido.
Los firmantes de este manifiesto, entre los que se incluye SESPAS y todas sus sociedades federadas, estamos convencidos de que el SNS necesita imperiosamente una institución similar (un HispaNice) de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, y de que la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible para su creación. Se trataría de crear un órgano de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad. Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que, desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, determine si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan. El momento que vivimos exige reformas de gran calado y hace imprescindible apostar por una institución que contribuya decididamente a afianzar la solvencia del sistema sanitario público y a reorientar más eficazmente las políticas de salud. La oportunidad para la financiación institucional que el gran proyecto europeo permite es única y, previsiblemente, irrepetible en muchos años. Y sin la necesidad de hipotecar los costes recurrentes que pueda generar, que irían mayormente a cargo de los evaluados.
Más información sobre este Manifiesto a través de los siguientes contactos: Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández Aguado, Salvador Peiró Moreno y Guillem López-Casasnovas.
Toda aquella persona que a título individual o bien en representación quiera apoyar el Manifiesto, lo puede hacer en: https://forms.gle/