- Un estudio, llevado a cabo en Cataluña y publicado en Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), analiza por primera vez la perspectiva de los y las profesionales en la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE)
- Esta investigación detecta además que entre las principales preocupaciones de los profesionales destacan los dilemas sobre la plena capacidad de decisión de pacientes en algunos casos, dificultades en la comunicación con familias, sensación de abandono institucional o el duelo por la pérdida del pacientes
- Según este estudio, es necesario un replanteamiento del procedimiento a nivel normativo, ya que existe el riesgo de que las dificultades administrativas den lugar a más “objeciones”, no por razón de conciencia, sino para evitar la sobrecarga laboral
El estrés burocrático y la sobrecarga de trabajo son algunos de los principales motivos de malestar de los profesionales en la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los investigadores y las investigadoras en el artículo “La ley de eutanasia y experiencias profesionales: tensiones en la práctica clínica”, que ha publicado este lunes Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
Esta investigación publicada en Gaceta Sanitaria identifica por primera vez las principales tensiones, dificultades y fuentes de malestar relacionadas con los y las profesionales (personal de medicina, enfermería, farmacia, trabajo social, psicología y derecho) en la aplicación de la LORE, que entró en vigor en España en junio de 2021. El estudio se centra en Cataluña, donde, hasta diciembre de 2022, se habían recibido el 28% de peticiones y se han realizado el 35% de las prestaciones a nivel nacional. En cifras absolutas, en la región se han recibido 246 solicitudes, realizado 120 prestaciones y 64 solicitantes han fallecido durante la tramitación.
Otra preocupación surge debido a que la burocracia impuesta por la legislación actual alarga significativamente los tiempos de espera para los pacientes, lo cual, en ocasiones, resulta en que no se les pueda atender a tiempo, llevando a que algunos fallezcan antes de la fecha prevista para recibir la prestación. Estas situaciones incrementan la sensación de impotencia y la preocupación entre los profesionales.
Además de lo mencionado anteriormente, en este estudio, se han detectado otras series de dificultades y fuentes de malestar de los/as profesionales implicado/as en la aplicación de la LORE, entre los que sobresalen los casos conocidos como “fronterizos” -aquellos pacientes de los que, por su circunstancia, se duda de su capacidad de decisión-. Asimismo, a los profesionales les genera preocupación la relación y la comunicación con la familia el día de la prestación, la sensación de abandono por parte de las instituciones y los/as compañeros/as de trabajo, el malestar por el trabajo no reconocido, el sentimiento de soledad, así como el duelo por la muerte del paciente.
Según estudios realizados en otros países, entre el 15% y el 20% de los profesionales experimentan algún tipo de malestar durante este proceso asociado a la ambigüedad en las solicitudes debido a criterios poco claros y a la angustia moral de tomar decisiones. No obstante, en España, el malestar principal se origina por el estrés burocrático asociado a la legislación nacional. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) implica procedimientos complejos, tanto en su forma como en los plazos, además de exigir un registro documental detallado y exhaustivo
Así, y según lo expuesto en Gaceta Sanitaria, los profesionales critican además que esta ley tiene un excesivo protagonismo del estamento médico, provocando que la carga de trabajo quede en ocasiones acumulada en los/as facultativos/as. De igual forma, el personal de enfermería muchas veces asume de manera no reconocida y sin recursos el trabajo que legalmente le correspondería al médico/a. Asimismo, se señala que, “esta prestación se ha puesto en marcha sin un presupuesto específico ni unos recursos para llevarla a cabo, en un sistema de salud ─y sobre todo en Atención Primaria, donde se acogen la mayor parte de solicitudes─, ya tensionado por recortes presupuestarios y por la pandemia de COVID”.
Los autores y las autoras avisan en el estudio de que “es preciso un replanteamiento del procedimiento a nivel normativo, ya que existe el riesgo de que las dificultades de tipo administrativo den lugar a más ‘objeciones’, no por razón de conciencia, sino para evitar la sobrecarga laboral”.
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