Posicionamiento SESPAS ante la tramitación de querellas contra autoridades sanitarias por sus decisiones dentro del marco de la ley

Recientemente hemos tenido conocimiento de que la Directora General de Salud Pública y Participación de Illes Balears está siendo investigada por un Juzgado de Palma de Mallorca por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal en relación al aislamiento de estudiantes en un hotel.

Ante esta preocupante noticia, SESPAS y sus sociedades federadas ponen de manifiesto que, sin cuestionar el derecho a la tutela judicial de las personas que consideren vulnerados sus derechos, la tramitación de querellas penales contra las autoridades sanitarias por sus decisiones dentro del marco de la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido por la misma y con todas las garantías, supone una revisión impropia de las actuaciones en salud pública. Marcan un contexto que puede ser altamente peligroso, pues pueden incentivar a no adoptar este tipo de decisiones urgentes y extraordinarias por miedo a un eventual proceso penal.

El interés general (la salud de la población) debe ser un criterio de ponderación a la hora de encausar a las personas a quienes se encomienda esta función. Precisamente por la importancia de los bienes que se pretende proteger, la autoridad sanitaria debe disponer de la suficiente capacidad discrecional para adoptar las medidas recomendadas por profesionales de los departamentos de salud pública, en función de los datos epidemiológicos y en función del riesgo existente. La ley dispone de suficientes garantías para limitar el daño por hipotéticas arbitrariedades. Circunstancias como la señalada pueden limitar la discrecionalidad necesaria para actuaciones urgentes e inaplazables.

Como profesionales de salud pública de todas las disciplinas creemos que este tipo de decisiones, minan la credibilidad y la autoridad de las Administraciones sanitarias, contribuyendo a la confusión respecto a la gestión de la pandemia y dificultan actuaciones de carácter urgente dirigidas a la preservación de la salud pública y consideramos que es preciso un marco jurídico más clarificador que tipifique adecuadamente y de modo cierto las actuaciones concretas que en estos supuestos pueden ser adoptadas por las autoridades sanitarias cuando se limitan derechos fundamentales. Así lo manifestamos el pasado mes de mayo. El actual marco jurídico es muy impreciso y facilita problemas como el planteado en Baleares.